¿Crisis Humanitaria en España?
¿Crisis Humanitaria en España?
Las crisis humanitarias no son
monopolio de los países subdesarrollados, como tampoco lo son los
rescates financieros, la ayuda oficial al desarrollo o la recepción de
remesas de emigrantes. En este mundo global todos somos vulnerables. La
seguridad humana se está diluyendo. Es una sociedad del riesgo global y
España no es ajena.
Por José Moisés Martín Carretero (@jmmacmartin), miembro de Economistas Frente a la Crisis.
La crisis económica y social que estamos
viviendo tiene muchas vertientes. Y quizá una de las menos explicadas es
la vertiente de sus víctimas. Personas concretas, con proyectos vitales
rotos, o prematuramente malogrados, cuyos dramas personales se diluyen
en la inmensidad de las estadísticas económicas y sociales. Sólo de vez
en cuando estas víctimas recuperan públicamente su nombre propio, su
historia, en reportajes o testimonios, o en noticias que narran fatales
desenlaces o finales felices de sus particulares historias de vida.
De vez en cuando, estas noticia y
reportajes, movilizan conciencias y hacen saltar alarmas sobre la
profundidad de la crisis económica y social en la que estamos viviendo.
Tomadas en su conjunto, nos llevan a preguntarnos si no está España al
borde de una crisis humanitaria.
¿Qué es una crisis humanitaria?
Para el ciudadano medio, las crisis
humanitarias suelen identificarse con los episodios provocados por
grandes catástrofes, como huracanes o terremotos, y, en el extremo más
mediático, por las emergencias complejas, que generalmente se vinculan a
conflictos armados, poblaciones desplazadas o refugiadas, incapacidad
del acceso a los medios más básicos para la vida como el agua o la
alimentación, y violaciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario. Casos como el tifón de Filipinas, el Tsunami
en Indonesia, el terremoto en Haití, la guerra civil en Siria o los
numerosos conflictos en África serían ejemplos de unas y otras.
Sin embargo, la mayoría de las crisis
humanitarias permanecen ocultas a la opinión pública, por lo que hace
tiempo que las organizaciones humanitarias hablan de “crisis olvidadas”,
aquellas que han pasado de las primeras páginas de los medios de
comunicación y que han sufrido la denominada “fatiga del donante”.
También se han consolidado las llamadas “protracted crisis”, o crisis
prolongadas, que sin tener la intensidad de una emergencia humanitaria,
permanecen durante años a un nivel de intensidad suficiente como para
seguir amenazando la vida y la seguridad de las personas.
La Coalición Humanitaria,
un grupo de organizaciones formado por CARE, OXFAM, Save the Children y
Plan International en Canadá, define las crisis humanitarias como:
“An event or series of events which
represents a critical threat to the health, safety, security or
wellbeing of a community or other large group of people, usually over a
wide area” (Un evento o serie de eventos que representa una amenaza
crítica para la salud, la seguridad o el bienestar de una comunidad o de
otro grupo grande de personas, usualmente sobre un área territorial
amplia).
Por otro lado, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación define las crisis
prolongadas como aquellas caracterizadas de la siguiente manera:
“Protracted crisis situations are
characterized by recurrent natural disasters and/or conflict, weak
governance, longstanding food crises, breakdown of livelihoods and
insufficient institutional capacity to react to the crises” (Las
situaciones prolongadas de crisis están caracterizadas por conflictos o
desastres naturales recurrentes, gobernanza débil, crisis alimentaria de
larga duración, quiebra de los medios de vida y capacidad institucional
insuficiente para reaccionar a las crisis).
La apelación al término “humanitario”
incluye pero no se circunscribe únicamente a las emergencias complejas.
Por poner un ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, la primera
agencia de ayuda alimentaria a nivel mundial, mantiene operaciones de
apoyo a la alimentación infantil a través de comedores escolares en 61 países. De estas 61 operaciones, sólo el 11% corresponden a operaciones de emergencia.
Podríamos entonces determinar que una crisis humanitaria es aquella situación en la que la salud, la seguridad humana
o el bienestar se encuentran críticamente amenazados para un elevado
número de personas, y donde no existe capacidad institucional suficiente
para reaccionar a la misma. Es decir, que la caracterización de la
crisis incluye el desbordamiento de las capacidades institucionales
locales (públicas, de mercado o comunitarias, como las familias) para
garantizar la salud, la seguridad o el bienestar de la población.
El ciudadano medio puede considerar que
estas situaciones sólo se dan en países en vías de desarrollo, en la
medida en que se supone que los países desarrollados tienen la capacidad
institucional suficiente como para hacer frente a emergencias y
situaciones de este tipo, incluyendo la asistencia sanitaria, la ayuda
alimentaria o la provisión de refugio a desplazados. Sin embargo, no
siempre es así. El desastre del huracán Katrina en 2005 puede ser
considerado como una crisis humanitaria, en la medida en que los
servicios públicos de Estados Unidos se vieron rápidamente desbordados y
no pocos países ofrecieron ayuda para apoyar las tareas del gobierno
norteamericano en el socorro de las víctimas. Sin embargo, el acceder a
este tipo de ayuda internacional suele, para los países que sufren de
este tipo de emergencias, ser identificado como un reconocimiento de la
incapacidad soberana para gestionar sus propias crisis, y los países
desarrollados han sido y son reacios a solicitar este tipo de apoyos
internacionales, salvo para el caso concreto de emergencias muy agudas
–por ejemplo, Japón y el terremoto de marzo de 2011.
Las causas de las crisis humanitarias
pueden ser múltiples, incluyendo las causas económicas. Tal fue el caso
de la crisis económica en Argentina, como acreditó en su momento la
Organización Panamericana de la Salud a través de su informe “Efectos sociosanitarios de la crisis 2001-2003“. Un estudio publicado por la Brookings Institution, evaluando el papel del FMI en dicha crisis, también la consideró un desastre humanitario.
Sin embargo, oficialmente nunca se ha declarado una crisis humanitaria
como consecuencia de un programa de ajuste estructural del FMI o del
Banco Mundial. Aunque el informe de evaluación independiente de los
programas de ajuste estructural (informe SAPRIN)
concluye que los programas de ajuste estructural han incrementado la
inseguridad alimentaria y la pobreza, no muestra evidencias de que haya
una relación directa y unívoca entre dichos programas de ajuste y la
generación de crisis humanitarias.
¿Es la emergencia social en Europa un tipo de crisis humanitaria?
De acuerdo con algunos estudios, Europa
se enfrenta a una crisis social y económica que está teniendo efectos en
el ámbito de lo humanitario. En otras palabras, la capacidad
institucional local está siendo desbordada por las amenazas a la salud,
el bienestar y la seguridad humana de importantes sectores de la
población. Así lo expresa el informe “Think differently”
de la Federación Internacional de la Cruz Roja. En el mismo se recoge
información sobre la situación social y humanitaria de numerosos países
de la Unión Europea, llegando a la conclusión, en boca de la máxima
representante de la Federación, Bekele Geleta, de que en varios países
la crisis está generando una situación que podría considerarse la peor crisis humanitaria en sesenta años. La Federación Internacional de la Cruz Roja –la primera organización humanitaria del mundo- no es la única que se expresa así. De manera similar lo hace el Consejo de Europa, el cual, en un reciente informe,
considera que la austeridad está teniendo importantes costes humanos y
está afectando a la práctica totalidad de los derechos humanos.
En el caso de Grecia, la utilización del
concepto “crisis humanitaria” ha sobrepasado el ámbito de la
especulación. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados ya advirtió que en Grecia la situación de los asilados podría
considerarse una Crisis Humanitaria.
No han sido los únicos. En un informe firmado por Amnistía
Internacional, Médicos del Mundo, y el Consejo Griego de los refugiados,
entre otros, corroboran esa opinión, que el presidente de Médicos del Mundo (otra organización de sobrada solvencia en el ámbito humanitario) extiende al conjunto de la situación Griega.
Datos no faltan para que quepa hacerse
esa pregunta en otros países de la Unión Europea. La Unión Europea
destina anualmente 500 millones de euros a proveer ayuda alimentaria a
alrededor de 18 millones de europeos. Y según datos de la propia
Federación Internacional de la Cruz Roja, el apoyo alimentario de las
sociedades nacionales de Cruz Roja se ha incrementado en un 75% en el
período de la crisis económica. De acuerdo con la federación europea de bancos de alimentos,
En países del este, como Bulgaria, el 50% de la población tenía, en
2011, dificultades para abordar regularmente una comida con el
suficiente valor proteico.
¿Y España?
En España la situación social ha
empeorado radicalmente desde el inicio de la crisis. La Cruz Roja
Española ha declarado que entre 2009 y 2012, su programa de apoyo
alimentario ha incrementado el número de beneficiarios de 514.000 a 1,2
millones. De acuerdo con el INE,
en el año 2012, el 2,6% de la población no podía permitirse una comida
con carne o pescado cada dos días. Esta cifra representa alrededor de
1,2 millones de personas. De acuerdo con otras estimaciones, el 25% de los menores de 16 años sufre malnutrición.
Cabe recordar a este respecto que la falta de una nutrición adecuada en
menores tiene efectos graves e irreversibles en su desarrollo personal.
De acuerdo con el informe “Food Security Index”
elaborado por The Economist Intelligence Unit, España cayó entre 2012 y
2013 del puesto 13 al 19 en materia de seguridad alimentaria, muy lejos
de suponer un problema en materia de seguridad alimentaria nacional,
pero con un claro deterioro en los índicadores globales.
En relación con la situación del sistema sanitario, publicaciones tan prestigiosas como The Economist como The Lancet (uno
de los diarios médicos más prestigiosos del mundo) se han hecho eco
sobre los efectos de los recortes sanitarios en la salud pública,
especialmente en la asistencia a inmigrantes, señalando esta última
publicación el riesgo de un auténtico “problema humanitario“.
Se calcula de alrededor de 870.000 inmigrantes han perdido la
asistencia sanitaria, lo cual incrementa el riesgo epidemiológico y de
incidencia de enfermedades como el VIH o la tuberculosis.
Informes sobre la situación social de España
en la crisis hay muchos y de variadas calidades, por lo que no cabe
aquí recordarlos todos. La pregunta de fondo es: ¿son estos datos
suficientes para hablar de crisis humanitaria en España? Más allá de la
indignación social causada por casos puntuales que terminan saliendo a
la agenda pública –malnutrición infantil, desahucios y pérdida de
viviendas, dificultades de acceso a los servicios sanitarios que
terminan con la muerte del paciente…- y que son amplificados por los
medios de comunicación, ¿son estos casos sencillamente eso, casos
aislados, o la punta del iceberg de lo que está ocurriendo o de lo que
puede ocurrir si no ponemos remedio?
Es difícil llegar a una conclusión
determinante. Hay quien, por mor de la precisión, alerta sobre la
conveniencia de no alarmar a la población con exageraciones
conceptuales. Otros, como ya hemos podido comprobar, se han referido a
la situación de los países del sur de Europa –y especialmente de Grecia-
definiéndola como crisis humanitaria.
Es evidente que nos cuesta disociar el
concepto de crisis humanitaria de las imágenes que nos ofrecen los
medios de comunicación sobre diferentes emergencias complejas. “No
estamos así”.
A este respecto conviene recordar que
desde una perspectiva global, no somos tan ajenos a circunstancias que
comúnmente caracterizaríamos como “tercermundistas”. Basten algunos
ejemplos. España ha reducido su Ayuda Oficial al Desarrollo en los
últimos años hasta dejarla reducida a su mínima expresión. Si hoy
preguntásemos si España es donante o receptora de AOD, la mayoría de la
población consideraría que somos un país donante. Sin embargo, en los
últimos 30 años, España ha recibido miles de millones de euros –en
cuantías superiores a su AOD- a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y del Fondo Social Europeo, una suerte de Ayuda Oficial al
Desarrollo intraeuropea. (Sólo en el período 2007-2013, se habían
presupuestado 31 mil millones de euros a tales efectos). Cuando Luis de
Guindos negociaba en el Eurogrupo el rescate bancario de España, se
filtró el SMS que le envió el presidente del gobierno “No somos Uganda”.
Es decir, a España no se la rescata, eso es para los países
subdesarrollados. Sin embargo, sí firmamos el memorando de entendimiento, recibimos un crédito multilateral y estuvimos sometidos a la condicionalidad
de la Troika formada por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión
Europea. Un rescate en toda regla, se vista como se vista. Un último
ejemplo: España ha vuelto a ser, gracias a la crisis, un país receptor neto de remesas de emigrantes, característica bien común en países en vías de desarrollo.
De la misma manera, nos puede costar
aceptar que España corre el riesgo de verse involucrada en una crisis
humanitaria. Sencillamente porque las palabras nos recuerdan a Siria,
Sudán, o el Cuerno de África. Por supuesto que no veremos campos de
refugiados ni grandes hambrunas en España, y hacer esa proyección mental
no tiene ningún sentido ni rigor. Las situaciones no admiten ningún
tipo de comparación al respecto. El deterioro social generado por la
crisis económica está muy lejos de plantearnos un escenario dantesco de
hambrunas generalizadas y de desaparición del Estado de derecho. De
existir una crisis humanitaria en España, no tendría esa cara, sino otra
mucho más difusa y difícil de identificar.
La clave del riesgo no es sólo el
incremento de las cifras de pobreza, malnutrición y dificultades
económicas, que con ser muy significativo, no representa un desplome en
barrena de los indicadores sociales. Por poner un ejemplo, la tasa de
pobreza monetaria (porcentaje de población con una renta per cápita
inferior al 60% de la renta mediana) representaba el 22,2% en 2012, y en
2007, previo a la crisis, un 19,7%. Es difícil justificar el uso de la
expresión “crisis humanitaria” con un 22,2% de tasa de pobreza y no
hacerlo con un 19,7%, por mucho que estas cifras representen un
incremento del 17% en el porcentaje de población que sufre pobreza
monetaria. A juicio de este autor, el hecho diferencial que amplifica
las posibilidades de riesgo humanitario es que las capacidades
institucionales para luchar contra la pobreza y la exclusión no sólo no
han crecido al ritmo de la vulnerabilidad de la población, sino que han
menguado debido al ajuste fiscal. De esta manera, ya es habitual ver
informes y mensajes que alertan sobre la falta de capacidad institucional para hacer frente a las necesidades sociales
de la población más empobrecida (servicios sociales y sanitarios
desbordados, recortes presupuestarios, falta de políticas públicas
adecuadas, agotamiento de la capacidad de resistencia de las familias),
si bien queda todavía mucha información por recoger al respecto. Por
poner cifras comparables, de acuerdo con EUROSTAT, entre 2007 y 2011, la
tasa de pobreza monetaria creció un 17% (esto es, en alrededor de 1,7
millones de personas), mientras el gasto público per cápita contra la
exclusión social se redujo, en términos reales, en un 25%[ii].
Con independencia de la conclusión a las
que haya llegado el lector sobre la existencia o no de una posible
crisis humanitaria en España, dado el grave deterioro de las condiciones
sociales, que incrementa la vulnerabilidad de amplios sectores de la
población, y la falta de capacidad institucional para hacer frente a
dicha vulnerabilidad, cabe preguntarse, con honestidad y sin ponernos
anteojeras, si no es la hora de reconocer los riesgos que corremos como
sociedad y de actuar en consecuencia, antes de que sea demasiado tarde,
si no lo es ya.
[ii] En
relación al gasto social total (incluyendo salud, pensiones y
desempleo) per cápita en términos reales (euros constantes de 2005),
creció entre 2007 y 2011 un 13%. El pico se alcanzó en 2009 con 5236
euros per cápita, descendiendo hasta 5097 euros en 2011. Hasta el
momento EUROSTAT no ofrece datos más actualizados.
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