27 de Septiembre de 1975
40º ANIVERSARIO DE LOS ÚLTIMOS FUSILAMIENTOS DEL FRANQUISMO
«El pasado nunca se muere, ni siquiera es pasado», esté o deje de estar la frase repetida hasta la saciedad, la dijera Faulkner
o su porquero, si es que lo tuvo, algunos pasados tienen querencia a
permanecer a modo de miasmas, tóxicos, siempre tóxicos, gracias a quien
los renueva, no en el recuerdo de lo sucedido, sino en el abuso, en la
arbitrariedad de aquel entonces.
Los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 provocaron una marea de indignación internacional, hubo manifestaciones multitudinarias y hasta asaltos a embajadas (fuera de España), y hubo palos, detenciones y malos tratos al hilo de las protestas (dentro). Las circunstancias de las condenas fueron bochornosas, auténtica indecencia judicial y política que contó con cómplices que tienen nombres y apellidos y cuya sombra, espesa, se ha proyectado, gracias a la ley de Amnistía, en democracia.
Ahora, como ha sucedido otros años, en muchos lugares de España se han convocado homenajes a aquellas víctimas de un régimen más criminal de lo que el Diccionario de la Academia de Historia decía (o dice), y se han producido algunas denuncias internacionales, en Bruselas por ejemplo, por parte de cargos electos y víctimas del franquismo.
Pero no todo el mundo es de la opinión de que aquello fue una infamia. Así, la Delegada del gobierno en Navarra que, ferviente autoritaria y defensora a ultranza de todo lo castrense, ha prohibido un homenaje a los últimos fusilados del franquismo so pretexto de que, en su opinión, puede servir para un enaltecimiento del terrorismo. Esa prohibición es una forma, de las muchas que tiene el Partido Popular, de no condenar el régimen de la dictadura franquista. En la práctica lo que sucede es que sin mucho retorcer y a contrario sensu, prohibiendo un acto de condena de un crimen de la dictadura, se hace apología trapacera del franquismo so pretexto de salvaguardar la legalidad democrática. Perverso, sí, pero deberíamos estar acostumbrados.
Los fusilados aquel 27 de septiembre lo fueron por haber sido condenados de manera «ilegítima», tal y como declara la ley 52/2007, de 26 de diciembre, en su exposición de motivos y en su artículo 3.2 y 3.3, sin entrar en más detalles acerca de la composición del tribunal, la instrucción del sumario, el aparato probatorio, la denegación de pruebas y testimonios, el desalojo de abogados a punta de pistola o la posibilidad de defensa efectiva… Donde hubo un juicio militar hubo una infamia, esta afirmación extrema la pueden corroborar aquellos que los padecieron y aquellos que intervinieron en ellos con toga y sin uniforme. Pedir que los uniformados lo reconocieran o reconozcan es pedir demasiado.
Esa prohibición es un atropello, uno más, perpetrado sin apoyo judicial, hurtándose a este y a la posibilidad de que un juez declare nulo ese acto administrativo propio de una dictadura (parlamentaria) y no de una democracia por muy devaluada que se encuentre esta. Se enmarca en una constante: para esta gente cualquier disidencia es ETA y la arbitrariedad una forma de responder a quien no se deja someter por la política gubernamental. Esa delegada, cargo político encargado de ejecutar la política gubernamental en territorio ahora adverso, se aprovecha de que nadie, ni socialistas ni mucho menos políticos del autoritarismo parlamentario, ha hecho absolutamente nada para anular en la práctica esos juicios, a diferencia de otros países europeos. Viene siendo por completo inútil señalarlo.
La anulación de los juicios de tribunales militares al amparo de legislaciones al servicio de la dictadura franquista es una de las tareas políticas pendientes. Está medio prevista en la ley ya citada, pero, como digo, nadie parece tener prisa alguna por desmontar aquel aparato que el texto legal considera que tiene un «carácter radicalmente injusto» e «ilegítimo». Lo que no es de recibo es que so pretexto de enaltecimiento del terrorismo, se haga por acción y omisión una apología del crimen, impidiendo la denuncia pública de este. Es también la respuesta gubernamental al resultado de unas elecciones democráticas que no les gusta.
27 de Septiembre de 1975
| Publicado:
Miguel Sánchez-Ostiz *
«El pasado nunca se muere, ni siquiera es pasado», esté o deje de estar la frase repetida hasta la saciedad, la dijera Faulkner
o su porquero, si es que lo tuvo, algunos pasados tienen querencia a
permanecer a modo de miasmas, tóxicos, siempre tóxicos, gracias a quien
los renueva, no en el recuerdo de lo sucedido, sino en el abuso, en la
arbitrariedad de aquel entonces.Los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 provocaron una marea de indignación internacional, hubo manifestaciones multitudinarias y hasta asaltos a embajadas (fuera de España), y hubo palos, detenciones y malos tratos al hilo de las protestas (dentro). Las circunstancias de las condenas fueron bochornosas, auténtica indecencia judicial y política que contó con cómplices que tienen nombres y apellidos y cuya sombra, espesa, se ha proyectado, gracias a la ley de Amnistía, en democracia.
Ahora, como ha sucedido otros años, en muchos lugares de España se han convocado homenajes a aquellas víctimas de un régimen más criminal de lo que el Diccionario de la Academia de Historia decía (o dice), y se han producido algunas denuncias internacionales, en Bruselas por ejemplo, por parte de cargos electos y víctimas del franquismo.
Pero no todo el mundo es de la opinión de que aquello fue una infamia. Así, la Delegada del gobierno en Navarra que, ferviente autoritaria y defensora a ultranza de todo lo castrense, ha prohibido un homenaje a los últimos fusilados del franquismo so pretexto de que, en su opinión, puede servir para un enaltecimiento del terrorismo. Esa prohibición es una forma, de las muchas que tiene el Partido Popular, de no condenar el régimen de la dictadura franquista. En la práctica lo que sucede es que sin mucho retorcer y a contrario sensu, prohibiendo un acto de condena de un crimen de la dictadura, se hace apología trapacera del franquismo so pretexto de salvaguardar la legalidad democrática. Perverso, sí, pero deberíamos estar acostumbrados.
Los fusilados aquel 27 de septiembre lo fueron por haber sido condenados de manera «ilegítima», tal y como declara la ley 52/2007, de 26 de diciembre, en su exposición de motivos y en su artículo 3.2 y 3.3, sin entrar en más detalles acerca de la composición del tribunal, la instrucción del sumario, el aparato probatorio, la denegación de pruebas y testimonios, el desalojo de abogados a punta de pistola o la posibilidad de defensa efectiva… Donde hubo un juicio militar hubo una infamia, esta afirmación extrema la pueden corroborar aquellos que los padecieron y aquellos que intervinieron en ellos con toga y sin uniforme. Pedir que los uniformados lo reconocieran o reconozcan es pedir demasiado.
Esa prohibición es un atropello, uno más, perpetrado sin apoyo judicial, hurtándose a este y a la posibilidad de que un juez declare nulo ese acto administrativo propio de una dictadura (parlamentaria) y no de una democracia por muy devaluada que se encuentre esta. Se enmarca en una constante: para esta gente cualquier disidencia es ETA y la arbitrariedad una forma de responder a quien no se deja someter por la política gubernamental. Esa delegada, cargo político encargado de ejecutar la política gubernamental en territorio ahora adverso, se aprovecha de que nadie, ni socialistas ni mucho menos políticos del autoritarismo parlamentario, ha hecho absolutamente nada para anular en la práctica esos juicios, a diferencia de otros países europeos. Viene siendo por completo inútil señalarlo.
La anulación de los juicios de tribunales militares al amparo de legislaciones al servicio de la dictadura franquista es una de las tareas políticas pendientes. Está medio prevista en la ley ya citada, pero, como digo, nadie parece tener prisa alguna por desmontar aquel aparato que el texto legal considera que tiene un «carácter radicalmente injusto» e «ilegítimo». Lo que no es de recibo es que so pretexto de enaltecimiento del terrorismo, se haga por acción y omisión una apología del crimen, impidiendo la denuncia pública de este. Es también la respuesta gubernamental al resultado de unas elecciones democráticas que no les gusta.
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